En Rincón de los Sauces, como en buena parte del país, las quejas de los usuarios por los “abusos” y la calidad del servicio de telefonía móvil son una constante. En línea con ese reclamo, legisladores de todo el arco político vienen presentando desde hace años proyectos de ley para declarar a la telefonía móvil como “servicio público”.

Las iniciativas cuentan con el respaldo de asociaciones de consumidores y, aunque con algunas diferencias, todas van en la misma dirección: pretenden que sea el Estado el que regule el servicio, verifique el cumplimiento de las inversiones previstas y fije el precio de las tarifas, que en la actualidad queda librado a la decisión de las empresas.

En ese marco, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside Mario Oporto (FpV) convocó a debatir los proyectos el próximo martes 1 de julio a las 17, aunque sólo será el puntapié inicial de una decisión cuya última palabra tiene el Poder Ejecutivo.

En noviembre del año 2013, la Comisión de Defensa del Consumidor había recibido a directivos de la empresa Movistar, quienes rindieron cuentas sobre las reiteradas fallas en el servicio, en una reunión donde también participó el gerente de control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Pedro Panichelli.

Este año, nada menos que siete diputados presentaron proyectos, todos de diferentes bloques: Adriana Puiggrós (FpV), Hugo Maldonado (UCR), Alicia Comelli (MPN), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Pablo Javkin (CC-ARI), Gladys González (Unión Pro) y Bernardo Biella Calvet (Udeso).

En el Senado, el jefe del bloque socialista, Rubén Giustiniani, es el principal impulsor de esta regulación, que a principios de mayo comenzó a ser debatida en el seno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

En la oportunidad, la presidenta del Cuerpo, la oficialista Liliana Fellner, reconoció la “voluntad política” de su bloque para avanzar en la declaración de la telefonía móvil como servicio público, pero el tema no volvió a tratarse.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Mario Oporto (FpV) pidió dar un “debate amplio” sobre la telefonía móvil.

El oficialista aclaró que se pondrán en discusión los proyectos que buscan declarar a la telefonía móvil como servicio público a pedido del radical Hugo Maldonado, autor de una de las iniciativas, pero planteó sus dudas sobre la conveniencia de la ley, por lo que pronosticó que las propuestas pasarán a asesores.

“No tengo una posición definitiva pero nadie me convenció de las ventajas del servicio público”, reconoció Oporto a Parlamentario.com, y pidió “discutir el tema más globalmente, una ley integral de telecomunicaciones”, que incluya también a Internet, ya que la ley actual “es previa a la revolución tecnológica”.

En este sentido, consideró que no hay que “caer en el facilismo” de creer que “el servicio público va a solucionar los problemas”, y recordó que la Secretaría de Comunicaciones dictó “dos reglamentos que son muy claros” y que la licitación de las redes 3G y 4G “mejorará el servicio”.

Oporto también indicó que otra discusión pendiente tiene que ver con la instalación de antenas, pero aclaró que eso está restringido a las ordenanzas municipales.

Por último, el diputado admitió no haber recibido ningún anteproyecto del Poder Ejecutivo y anunció que “no hará nada que no vaya en consonancia” con las intenciones del Gobierno, que por ahora no dio señales sobre la posibilidad de declarar a la telefonía móvil como servicio público. (Parlamentario).