La empresa de capitales brasileños Vale confirmó el pasado martes 9 de abril en el Congreso que continúa buscando compradores para el proyecto minero Potasio Río Colorado que suspendió en Mendoza.

Así lo confirmaron representantes de la firma en la audiencia pública que transcurría en la tarde en el Salón Azul del Senado de la Nación, con la presencia del Gobernador de Mendoza, Francisco Pérez y el ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada.

El asesor de la empresa, Adolfo Duragnona, leyó una carta formal de la minera donde indicó que se "buscó socios" para seguir con el proyecto pero no se obtuvieron resultados favorables hasta el momento, aunque garantizó que se "seguirá buscando" interesados.

A su vez, el vocero afirmó que en forma directa la empresa solo tiene 400 empleados con quienes "se cumplirá con la ley, se pagarán las indemnizaciones correspondientes".

Respecto a los contratistas indicó que "se está pagando a los contratistas los montos que corresponde de acuerdo a los contratos" y las deudas a los proveedores "están siendo canceladas normalmente".

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, refutó a Duragnona en cuanto a que “no es cierto que está cumpliendo los compromisos“, al hablar en el curso de la audiencia pública que realizó la comisión de Minería del Senado para discutir la suspensión del proyecto minero.

La medida de la empresa ocasiona un grave perjuicio para Mendoza y también para Neuquén, Río Negro, La Pampa y la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, involucrados en el trazado del proyecto.

En la audiencia pública realizada en el Salón Azul, presidida por el senador neuquino Horacio Lores (MPN), titular de la comisión de Minería, la empresa brasileña atribuyó la suspensión del emprendimiento a que se duplicó la inversión prevista de 6 mil millones de dólares debido a pedidos de obras adicionales formulados “por los gobiernos provinciales“ afectados en el trazado del proyecto.

Duragnona fue el vocero de Vale en la audiencia pero también asistieron los directores ejecutivos Galib Chaim y Roger Downey y los asesores Ademar Barros Moura Filho, Claudio Arenas y Humberto Pinheiro.

El vocero de la empresa dijo que en reuniones técnicas celebradas con autoridades argentinas para discutir el aumento de la inversión exigida el monto solo había bajado a 11 mil millones de dólares, igual estaba muy por encima de lo presupuestado.

El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral denunció “inexactitudes“ y “falsedades“ argumentales de la empresa y precisó que en las tratativas se “convinieron 8.660 millones de dólares“ de inversión para el proyecto.

”Hablan los operadores como si fueran dueños de las minería. Hay en la Argentina simples concesionarios, da derechos pero no es menos cierto que hay que cumplir con una serie de obligaciones que esta claro Vale no ha cumplido“, insistió Mayoral.

El funcionario atribuyó a un mal negocio con la venta de hierro a nivel global de la empresa la decisión tomada de suspender Potasio Río Colorado en la Argentina, así como lo hizo con otros proyectos en el mundo.

Duragnona, luego, volvió a remitirse a la carta leída al inicio pero admitió que “por pedidos de las provincias los costos habían aumentado 1,500 millones“ de dólares y “el resto se debía a otras circunstancias“ que no especificó.

El representante de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), que representa a los proveedores, anunció a su turno que la próxima semana se planea denunciar a Vale por “estafa“ porque siguió haciendo encargos en diciembre cuando ya sabía que suspendería el proyecto.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, hizo una cronología de la situación que desembocó en el abandono del proyecto por parte del Vale y manifestó que es “de una incertidumbre muy grande la situación que se vive en la provincia“ con la pérdida de miles de puestos de trabajo.

En tanto, Tomada aseguró que el Gobierno nacional busca "garantizar la paz social", tras el anuncio de la suspensión, que afecta a cerca de 5 mil empleos directos e indirectos en cinco provincias.

El ministro de Trabajo indicó que el Poder Ejecutivo Nacional "extremará todos los recursos y acciones para poner por encima de todo la defensa del empleo en Argentina".

Por último, Tomada señaló que rige la conciliación obligatoria para defender a los 2.876 trabajadores afectados que vencerá el 22 de abril pero por el procedimiento preventivo de crisis se extendería alrededor de un mes más.