La Defensoría del Pueblo de la Nación investigará los derrames de petróleo y agua de perforación ocurridos el pasado 13 de enero en nuestra ciudad.

El pedido fue realizado por los legisladores provinciales de la Coalición Cívica en Neuquén (Beatriz Kreitman) Río Negro (Magdalena Odarda) y La Pampa (Luis Solanas). El organismo nacional ratificó su actuación a medidos de febrero.

Ahora, la institución dirigida por Anselmo Sella abrirá un expediente para determinar qué ocurrió aquel día, cuando un deslave rompió al menos tres ductos y provocó el derrame de hidrocarburos al río Colorado. Los mismos pertenecen a las empresas Petrobras e YPF.

En su momento, el gobierno neuquino informó de los acontecimientos, multó a las empresas y las instó a limpiar y remediar el terreno afectado. El Comité Interjurisdiccional del río Colorado (Coirco) también activó sus mecanismos de contingencia y por prevención se suspendió el abastecimiento de agua para consumo humano río abajo, en las zonas donde las tomas son más superficiales.

A los pocos días se determinó que no existía riesgo alguno ni para el consumo ni para el riego, por lo que se restableció el servicio.

Desde la Provincia culparon por los incidentes a la falta de mantenimiento de los ductos, por lo cual según los tres diputados habría una responsabilidad penal. De todas formas, la Defensoría del Pueblo aclaró que su investigación no cierra caminos a cualquier otra presentación legal que quiera hacerse sobre el tema.

"El río Colorado forma parte de una cuenca compartida por cinco provincias y los gobiernos de cada una de las provincias deben tomar medidas para su adecuado uso y preservación. De no ser así, se pone en riesgo a los habitantes de las mismas conjuntamente con su producción, lesionando de esa forma derechos adquiridos de rango constitucional”, indica el escrito enviado por los legisladores de la Coalición Cívica.

"El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera tal que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras”, concluyen.