La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia dispuso 1.926.000 pesos para el municipio de Rincón de los Sauces en concepto de coparticipación en el marco de la ley 2600, que establece la tasa de control y fiscalización de la actividad hidrocarburífera.

Desde la cartera ambiental precisaron además, que a partir de la firma del acuerdo correspondiente en el marco de la ley 2600, el municipio de Rincón de los Sauces creó, a través de la ordenanza 1503/13, el Área Ambiental Municipal.

De acuerdo con la tasa ambiental proveniente del artículo 13 de la ley 2600, denominada de Aptitud Ambiental, la provincia coparticipa a los municipios hidrocarburíferos de Primera Categoría que firmen un convenio con la misma para fortalecer las tareas de control, supervisión e inspección de las actividades que desarrollan las concesionarias, que se realizarán en conjunto y coordinadas por la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la ley provincial 1875.

El titular de la cartera ambiental, Ricardo Esquivel, destalló que la ley 2600 extrema las medidas de resguardo y protección de los recursos naturales y en especial los hídricos.

“Esta acción concurrente de las jurisdicciones provincial y municipal contribuirá a que las instalaciones operativas con deterioros se reemplacen por otras con materiales adecuados a los fluidos gaseosos o líquidos que deban transportar y que cuenten con las protecciones, aislamientos y revestimientos adecuados, con el objetivo de garantizar el óptimo funcionamiento y condiciones de pérdida cero en las instalaciones a fin de asegurar y elevar la calidad ambiental en cada uno de sus yacimientos”, señaló.

“El municipio de Rincón de los Sauces es el primero que cumplimentó las formalidades requeridas para la suscripción del convenio de adhesión y dispone de la aplicación presupuestaria de 1.926.000 pesos para el cumplimiento de las tareas de inspección de yacimientos”.

“La tasa ambiental es abonada anualmente por las empresas concesionarias y se compone en función de la cantidad de pozos en actividad e inactivos, las hectáreas en concesión y la cantidad de petróleo y gas producida y computable que tenga cada empresa”, explicó Esquivel.