El pasado 20 de agosto por la mañana, la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dio su despacho por mayoría al acuerdo de la provincia con la empresa YPF para la realización de un proyecto de desarrollo no convencional en el área Loma Campana, mientras que por la tarde, hizo lo mismo la Comisión de Hacienda y Presupuesto -B.

De este modo, se dio luz verde para el tratamiento del proyecto en el recinto el próximo 28 de agosto.

Los debates se extendieron por varias horas, tanto en la mañana, como por la tarde.

En primer término, en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa obtuvo 9 votos positivos. En tanto, 5 diputados que rechazan el acuerdo votaron un dictamen en minoría. Al comienzo de la reunión, el cuerpo que preside el diputado José Russo (MPN) recibió a dirigentes del gremio ATEN que expusieron sus críticas al proyecto. El debate se extendió por casi 4 horas y contó con la participación de 21 diputados, de los cuales 14 son integrantes de la comisión.

Desde el oficialismo, Russo defendió la constitucionalidad del acuerdo; cuestionó a diputados que “trampean” algunas palabras de la Constitución “para embarullar y desviar la atención” y dijo que “a eso también llamo lobby”.

Agregó que en política, “no hay posiciones rígidas siempre que el objetivo sea el bien común” y consideró que el acuerdo deja en claro que la provincia es la dueña del recurso. También pidió “hacerse cargo de lo que se vota” y señaló que ni la votación a favor ni en contra es gratuita.

Por FG-NE, Raúl Podestá acotó que el acuerdo es "conveniente y necesario" para el país y la provincia. Respaldó la constitucionalidad del convenio y señaló que YPF es el lugar apropiado para que la provincia pueda revalorizar sus recursos.

En tanto, Jesús Escobar (MLS) aseguró que el acuerdo es "ilegal e inconstitucional" porque "da de bruces contra la Constitución" y transgrede las leyes 17.319 y 2453. Calificó el convenio con YPF como "un acuerdo máscara que esconde el acuerdo secreto con Chevron" y agregó que la legislación es clara en cuanto a los plazos, "si quiere hacerse algo distinto hay que reformar la ley".

El diputado Manuel Fuertes (NCN) también criticó el acuerdo y dijo que los decretos del Ejecutivo nacional 1277 y 929; y del Ejecutivo provincial Nº 1208 violan la legislación y la Constitución. Agregó que ambos poderes Ejecutivos se arrogan facultades que son propias del poder Legislativo y se pronunció a favor de llamar a licitación pública para el desarrollo del proyecto. En tanto, Raúl Dobrusín (UNE-FyPN) consideró que el acuerdo no es un problema de soberanía hidrocarburífera sino de negocios y añadió que "la realidad es que tenemos empresas privadas que están por arriba de la Constitución".

El diputado Eduardo Benítez (UCR) planteó que el acuerdo "es un manotazo de ahogado de la falta de política energética del país; mientras que Raúl Godoy (FIT) expresó que lo que moviliza el acuerdo es el interés económico y advirtió sobre las consecuencias ambientales de la práctica de la fractura hidráulica como método de extracción.

Por CC-ARI, Beatriz Kreitman advirtió sobre las consecuencias ambientales del desarrollo del proyecto y manifestó que el acuerdo "es la consolidación de una entrega". Destacó que la ley 17.319 tiene alcance sobre la explotación de hisdrocarburos convencionales porque los no convencionales no existían al momento de su sanción.

Al comienzo de la reunión, el cuerpo recibió a dirigentes de ATEN que habían solicitado participar en el debate a través de una nota. El secretario general, Daniel Huth rechazó la aplicación de la fractura hidráulica como método de extracción y advirtió sobre los efectos contaminantes. Además, criticó los privilegios impositivos y económicos que recibirá Chevron. En tanto, Patricia Jure, afirmó que "lo que van a votar es una estafa" que garantiza "el negocio de Chevron con el gobierno nacional".

Por la tarde, llegó el turno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto -B- que aprobó por mayoría el despacho del acuerdo de la provincia con la empresa YPF con el voto de 9 diputados en tanto que 5 legisladores rechazaron el acuerdo a través de un despacho en minoría.

En el debate, Kreitman exigió que se explique la ecuación económico-financiera que se ha tomado en cuenta, así como sus implicancias. Además, sostuvo que la secretaría de Energía nacional no cuenta con el acuerdo en discusión y anunció un estudio realizado por el Hospital Regional Neuquén sobre efectos de los hidrocarburos en la salud. En el mismo sentido, Dobrusín indicó que una presentación de la subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia hablaba de una tasa de retorno de inversión del 24 %, por lo que Chevrón recuperaría lo invertido en 8 años y multiplicaría por 10 sus ganancias respecto a la inversión inicial.

Por su parte, Luis Sapag -MPN- resaltó que en los 35 años que abarca el convenio se sacarían 804 millones de barriles de petróleo equivalentes a 73800 millones de dólares. De la misma manera, señaló que todas las ganancias pagan impuestos -con excepción de retenciones- y remarcó la rentabilidad en los precios fijados para el gas y el petróleo siendo menores que lo desembolsado por Nación en la importación de energía. En tercer lugar, el legislador expresó su deseo de que prospere el yacimiento los Molles a futuro e indicó que hasta ese momento la provincia tendrá 75 mil millones de pesos en los próximos 35 años, lo que equivale a entre 6 y 7 presupuestos provinciales.

En tanto, Rojas señaló críticas al gobierno nacional pero rescató que se ha comenzado discutir seriamente a política energética del país. A la vez, Podestá reivindicó la búsqueda de inversores y expresó su esperanza de cambiar el rumbo con el desarrollo petrolero, en una provincia endeudada.

Mientras, Escobar se opuso al acuerdo al señalar que viola la Constitución y carece de base jurídica, además de reclamar por la discusión ambiental y calificar la propuesta de manotazo de ahogado del “kirchnerismo”. En este sentido, Godoy comparó el acuerdo con la década de los 90 y denunció un acuerdo en secreto que pretende la complicidad de la Legislatura neuquina.

Russo expuso que hoy en día la provincia no tiene herramientas que le permitan administrar sus regalías, por lo que se estableció el convenio con la petrolera nacional. Gracias a ello, Neuquén tiene salud, caminos e infraestructura, fundamentó Russo, además de criticar dijo- a los que pretenden utilizar la Constitución como florero. Por otro lado, Silvia de Otaño aclaró que el país se encuentra en camino a una gran crisis energética y un acuerdo con apuros, al tiempo que remarcó el rol de los 35 diputados que votan en base a sus ideas con argumentos científicos y llamó a la reflexión a los que no quieren escuchar.

Fuente y foto: Prensa Legislatura